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15 junio, 2007 / Noógrafo

Una nueva ley permite almacenar datos de ADN durante años aun sin permiso del afectado

Con la unanimidad de todos los partidos parlamentarios, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley por el que se creará un archivo policial único con miles de perfiles genéticos de sospechosos de delitos o criminales ya condenados.

Se trata de reunificar en un único fichero la información que en la actualidad se encuentra dispersa en diferentes bases de datos ya que el Estado cuenta con cinco ficheros públicos de ADN -dos de la Guardia Civil, dos de la Policía Nacional y uno del Instituto Nacional de Toxicología-, a los que se suman los de las policías autonómicas catalana y vasca.

Según explica en un comunicado el grupo parlamentario socialista, el objetivo de la ley es crear una base de datos en la que, de manera única, se integren todos los ficheros obtenidos a partir de los análisis de ADN realizados en investigaciones criminales y procedimientos de identificación de cadáveres o de búsqueda de personas desaparecidas.

Con la nueva ley se conectará toda la información repartida en esas diferentes bases de datos y que, al no existir hasta ahora un registro nacional ni una regulación, no estaban conectados entre sí. Además se permitirá que los resultados de las muestras biológicas del sospechoso se conserven en la base policial durante años, lo que abre la posibilidad de que los perfiles obtenidos puedan usarse en investigaciones futuras.

El diputado socialista y ponente de la ley, Carlos Corcuera, explicó que ‘las bases de datos de ADN con fines de investigación criminal son las bases de datos genéticas de mayor interés para los laboratorios forenses, tanto para el esclarecimiento de delitos sin autor conocido como para la identificación de desaparecidos’.

El proyecto establece también una serie de garantías para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, como son que sólo se inscribirán los datos relativos a la identidad de la persona y su sexo, que los laboratorios que realicen los análisis tendrán una acreditación obligatoria y que el proceso requerirá autorización judicial.

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